La inyección de residuos petroleros al subsuelo implica riesgos de contaminación de fuentes de agua y de suelo, daños al ambiente y afectaciones a la salud
Un estudio realizado por la organización CartoCrítica sobre el manejo y disposición de los residuos de la extracción de hidrocarburos evidencia un manejo opaco y una regulación deficiente de estos residuos altamente tóxicos y contaminantes, que ponen en riesgo la salud de las personas, inducen sismicidad y deterioran el medioambiente y pueden generar actividad sísmica.
El informe resalta que del 2000 al 2023 se incrementó en 95 % el volumen de agua producida de la industria de los hidrocarburos en el país. Tan solo en 2023 se superaron los 23 mil millones de litros de agua producida, que equivalen a más de 1 millón de pipas de agua de 20 mil litros cada una.
Del total de esa agua producida, 77 % fue inyectada al subsuelo para su disposición a través de pozos letrina, que son infraestructuras diseñadas para el confinamiento subterráneo de desechos líquidos y sólidos, llamados agua producida o agua de retorno (en el caso de fracking) de la actividad petrolera.
Carla Flores Lot, investigadora de CartoCrítica y coautora de la investigación Pozos letrina. Residuos petroleros inyectados en las profundidades, explicó que “este manejo de los residuos de la industria de los hidrocarburos representa un grave riesgo de contaminación porque las aguas residuales contienen altas concentraciones de metales pesados, compuestos volátiles, materiales radiactivos de origen natural, sales y otros compuestos altamente dañinos para la salud y el medio ambiente”.
Como ejemplo, señaló que las concentraciones de contaminantes como el benceno en las aguas de retorno, superan los límites de agua potable hasta en 1,440 veces.
Por su parte, José Rafael Flores, coautor de la investigación, planteó que “la industria utiliza este proceso de disposición de residuos porque es más barato. En Estados Unidos se han hecho intentos por darle tratamiento a las aguas residuales, pero es muy costoso, porque se requiere de la instalación de plantas de tratamiento y consumen mucha energía. Es cuatro veces más barato utilizar agua dulce que reutilizar el agua resultante de la extracción petrolera o el fracking”.
El informe evidencia que la información sobre el manejo y disposición de los residuos petroleros, así como la regulación de estos procesos, es muy deficiente, porque no establece límites de concentraciones de contaminantes ni la caracterización rigurosa de los compuestos que contienen estos fluidos tóxicos.
Además, las instituciones encargadas de la vigilancia del cumplimiento de la normatividad, como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), no cuentan con infraestructura ni personal suficiente para asegurarse del cumplimiento de la ley.
Sobre la información disponible para conocer los volúmenes y el manejo de los residuos de la industria petrolera, la investigación concluye que hay una gran opacidad estructural de las instituciones sobre estas operaciones. Las autoridades como la ASEA, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos negaron sistemáticamente el acceso a información crítica sobre el manejo de los residuos, como los volúmenes, el manejo y las condiciones de estas operaciones.
Carla Flores subraya que “la combinación del volumen creciente de desechos, los riesgos ambientales documentados y la falta de transparencia pone en grave peligro los derechos colectivos a la salud y a un medio ambiente sano. Es imperativo que México fortalezca los estándares regulatorios y garantice la aplicación plena del Acuerdo de Escazú para asegurar la transparencia y la participación pública en este sector”.
En la presentación del informe, en una sesión en línea del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el doctor Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM, subrayó que de los yacimientos petroleros únicamente se extrae entre 35 y 40 % del petróleo, porque para hacerlo se inyecta agua y el petróleo se va al fondo y es muy difícil llevarlo a la superficie. A medida que se va agotando el yacimiento se extrae cada vez más agua y menos hidrocarburo; esto representa un mayor volumen de residuos que se tendrán que procesar y una menor cantidad de hidrocarburos.
Añadió que “en Estados Unidos ya no saben qué hacer con las aguas residuales, de tanto que las han inyectado ya brota de la tierra en forma de géisers. Si se pretende ahora apostar más fuerte por el fracking tendremos muchos más problemas de contaminación y riesgos sismológicos”.
Por su parte, Viridiana Maldonado, abogada y co-coordinadora de Territorios Diversos para la Vida, enfatizó que, aunque se mejore la regulación para el manejo de los residuos de la industria de los hidrocarburos, los impactos al ambiente, a las comunidades y a la salud van a continuar. En un estudio en el que comparó las regulaciones de la industria de hidrocarburos en varios países, entre ellos Estados Unidos, Argentina y México, identificó que aunque en Texas presumen su regulación robusta, se han presentado múltiples daños al ambiente, contaminación de cuerpos de agua y daños a la salud de las comunidades aledañas.
Concedió que un buen primer paso para mejorar la gestión de los residuos es robustecer la regulación y, sobre todo, la transparencia sobre las operaciones del manejo de los residuos. Sin embargo, añadió que es fundamental contar con instituciones sólidas, con infraestructura, laboratorios, peritos y personal especializado, confiable y suficiente, o no servirá de mucho mejorar el marco regulatorio.
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